Determinar con precisión el tamaño de la población de niños, niñas y jóvenes explotados sexualmente en la región latinoamericana y del Caribe no es una tarea fácil. La clandestinidad, su carácter de ilegalidad, la movilización y re-ubicación local y entre países que realizan sus explotadores, el uso de contactos telefónicos, la cedulación falsa, el uso de maquillaje y vestimenta adulta, la dedicación simultánea a otras actividades y el conjunto de mitos y desconocimiento sobre la problemática en las distintas sociedades, se conjugan para dificultar una tarea de cuantificación y estadística. Todos los autores e investigadores de la región encontraron dificultades para precisar datos. En Brasil de una población de 64´000.000 niños-as, 500.000 estarían siendo explotados sexualmente. En República Dominicana hay una cifra estimada de 25.000 menores de edad son explotados mediante la prostitución,
[1] y en Venezuela de 40.000
[2].
En Colombia, por su parte, se calcula que hay 35.000 personas menores de 18 años víctimas de explotación sexual (UNICEF, 2002).
Algo en lo que si coinciden todas las fuentes es en afirmar que cada vez más niños y niñas están ingresando a la explotación sexual. Igualmente se plantea que las edades de vinculación son cada vez más tempranas, encontrando en reportes de historias de vida niños-as que empezaron a ser explotados a la edad de 9 años. Esta situación, se presume, es potenciada por la falsa creencia de que los niños-as de esas edades tienen menos posibilidades de tener enfermedades de transmisión sexual ya que muchos de los adultos abusadores tienen miedo de contraer VIH/ SIDA.
[3]
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en nuestro país se presenta por una compleja e intrincada red de factores culturales, sociales y económicos. Vale la pena mencionar, por ejemplo, los patrones culturales que definen la distribución de los roles productivo y reproductivo entre hombres y mujeres; o el papel de la cosmovisión tradicional judeocristiana en las concepciones populares sobre la sexualidad y la institución matrimonial; o bien, las prácticas educativas tradicionalmente autoritarias en el interior de la familia que validan prácticas como el castigo físico, etc.
Socialmente habría que destacar dos poderosos factores: por un lado, la violencia social y política que ha atravesado las bases de la civilidad y la convivencia y que guarda estrecha relación con la injusta distribución de la riqueza y de oportunidades de vida digna para todos los ciudadanos. Este factor como es obvio, afecta de manera sensible a la familia, como unidad básica social, en la medida en que se legitima el uso de la agresión y otras formas de sometimiento y manipulación como mecanismos de control, expresión y satisfacción de necesidades.
Por otro lado, se presenta la relajación de los fundamentos éticos que sirven para lograr la cohesión social, por el influjo de sistemas de creencias que pregonan la supremacía del tener-poder y de esta forma se justifican, de forma velada o explícita, atropellos y violaciones de los derechos humanos fundamentales de personas y grupos, en donde precisamente los niños y las niñas padecen los efectos más nocivos y perniciosos.
Nos hallamos ante un circulo vicioso: la distorsión o el oscurecimiento de la ética justifica la violencia y ésta a su vez deteriora los principios éticos y las prácticas sociales que los sostienen (la violencia que otros ejercen sobre uno autoriza el desencadenamiento de una violencia mayor y de un irrespeto similar sobre aquellos).
Es así como se ha instalado en casi todos los órdenes de la vida social una forma de corrupción donde puede participar desde el empleado público hasta el más alto ejecutivo de la industria y la política. Desde esta óptica se encuentran hombres y mujeres inescrupulosas que ponen en venta o alquiler a niños y niñas, que los utilizan para la guerra, el tráfico de drogas o la mendicidad aprovechándose de su inmadurez, su inocencia, su curiosidad, su situación de indefensión o sus necesidades de protección y afecto.
[1] La Neo - prostitución infantil en República Dominicana; Bogaert, Humberto, Jaime Rijo y Emmanuel Silvestre, ONAPLAN - UNICEF República Dominicana, 1994
[2] La prostitución infantil en Venezuela, FundaICI/CISFEM, Caracas Marzo 1995
[3] Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil, A/51/456, 7 de Octubre de 1996.
